Fuente: Diario Z (Web)
Jornadas laborales de hasta dieciséis horas diarias, galpones en pésimas condiciones de higiene y seguridad, salarios miserables (1,50 pesos por la confección de un pantalón que luego en el comercio se vende a 100 pesos) y ninguna cobertura social. Así se trabaja, desde hace por lo menos una década, en los talleres clandestinos dedicados a la producción de indumentaria (entre el 70 y el 80 por ciento del total). En ellos, 150 mil trabajadores -30mil de los cuales son de nacionalidad boliviana- viven en situación de servidumbre con la complicidad del mercado de la moda, ya que son muchas las marcas que los tienen de proveedores.
Las llamas que el 30 de marzo de 2006 arrasaron el taller clandestino de Luis Viale 1269, en Caballito, y terminaron con las vidas de un hombre, una mujer y cuatro chicos, pusieron en primera plana el tema del trabajo esclavo, que ya había sido denunciado por trabajadores, funcionarios judiciales y ONG. El Gobierno de la Ciudad, encabezado entonces por Jorge Telerman, realizó más de un centenar de allanamientos y clausuras con incautación de maquinaria. Sin embargo, como contracara de estas medidas, se produjo la pérdida de fuentes de trabajo que, por más indignas que fueran, significaban el sustento diario para los operarios textiles. Como respuesta a este conflicto, la Fundación La Alameda promovió la creación de una planta que pudieran recibir a los trabajadores víctimas de los talleres clandestinos. En ese contexto, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) creó el Programa de Certificación de Indumentaria, para garantizar que la producción auditada por el organismo fuera fabricada en condiciones dignas.
Hoy, a cuatro años del incendio de aquel taller, ya funciona en la calle Melgar 46, en el barrio de Barracas, el primer Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI). "Nació de los esfuerzos conjuntos del Ministerio de Producción de la Ciudad de Buenos Aires, desde la gestión 2006/2007 hasta la actual, y la Corporación Buenos Aires Sur, que compraron y acondicionaron el inmueble; del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que aporta las maquinarias y el capital de trabajo para los emprendimientos, y del INTI, que aporta la capacitación y monitorea las actividades de las Unidades Productivas Tipo que conforman el proyecto", cuenta Adrián Kulczycki, diseñador de indumentaria y miembro del INTI. Desde la sociedad civil, acompañan la iniciativa las organizaciones sociales que nuclean a los costureros y la Fundación La Alameda.
El CDI está pensado para que los costureros, que en muchos casos sufrieron la explotación en talleres clandestinos, puedan desarrollar sus emprendimientos. "La planta tiene 1.800 metros cuadrados divididos en dos plantas. La parte productiva está en la planta baja donde hay cinco unidades de unos 80 metros cuadrados cada una y tenemos capacidad para instalar tres más. La idea es que en ellas puedan trabajar entre 15 y 18 personas y que haya espacio para 15 máquinas, según marcan las normas de seguridad e higiene", apunta el licenciado José Luis González, otro de los responsables de CDI. "El primer piso se va a destinar a aulas de capacitación, oficinas para cada una de las cooperativas y un show-room para atender a los clientes", agrega.
La meta principal del CDI es dotar al sector de un modelo de estructura de costo para determinar precios de referencia de las distintas tareas que se realizan en el taller (moldería, corte, costura, bordado, ojalado, abotonado, teñido, estampado, planchado, control de calidad, doblado y empaquetado) y fijar parámetros que permitan replicar un modelo de producción y comercialización sustentable para las pymes dedicadas a la confección de la ciudad de Buenos Aires.
El CDI está abierto de lunes a viernes, de siete de la mañana a cinco de la tarde. En general todas las cooperativas (Cildáñez, que confecciona pantalones y camperas de jean; 1° de Julio, que se dedica a las remeras, chombas y joggings de tejido de punto, y Deán Funes, que fabrica ropa fina y tejen paños para la confección de sweaters) cumplen jornadas de ocho horas, muy distantes de los ritmos esclavizantes de los talleres clandestinos. Desayunan antes de empezar, se toman un rato para el almuerzo y los menos cortan a media tarde para una merienda. "Actualmente hay trabajando unas cincuenta personas -aclara Kulczycki-. En el sector, la gran mayoría es de origen boliviano y eso se ve representado también acá. El 80 por ciento son trabajadores de ese país, hay unos siete argentinos y el resto son de Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay."
Cada cooperativa tiene su identidad social y un desarrollo organizativo y comercial independiente. Deben gestionar la matrícula en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) presentarse en la AFIP y solicitar las facturas del tipo A, que son las más solicitadas por los clientes, para poder descargar el IVA. "En eso no tenemos injerencia, ellos deciden a cuánto van a vender su mercadería, a quién y en qué condiciones", aclara González.
El INTI acompaña con asesoramiento y capacitación en costos, presupuesto, comercialización y distribución, entre otros temas. "La respuesta es muy buena", cuenta Alberto Pérez Gont, uno de los capacitadores del programa Asistencia a Cooperativas y Empresas Recuperadas. "Hemos trabajado en otros lugares donde nos miraban como a bichos raros, lo tomaban como una obligación. Acá vieron que las cosas que enseñamos les sirven y empezaron a demandar más capacitación. Quieren que vengamos todas las semanas."
La experiencia de las cooperativas en el CDI es una suerte de incubación por un período de dos años durante el cual deben aprender a valerse por sí mismas. "Ellos conocen muy bien su oficio -apunta Sabrina Sccorinti, otra capacitadora-, pero carecen de los conocimientos necesarios para llevarlo a un emprendimiento industrial. Nosotros les explicamos lo que es el seguimiento administrativo, la caja diaria, el registro de pedidos. También les enseñamos a incluir dentro de los presupuestos la amortización de las máquinas y los gastos de luz, gas, impuestos y servicios. Es para que cuando se vayan de acá sepan moverse comercialmente."
Aunque a la mayoría de las empresas lo que más les importa es aumentar su margen de ganancia, la apuesta del CDI es que se entienda que el trabajo es un valor que se debe pagar como corresponde. "Ya han venido numerosos clientes a conocer el Centro y ven como un agregado de valor que cumplan los requisitos de seguridad laboral, esto ocurre principalmente entre las que exportan porque deben tener blanqueadas sus colecciones y presentar facturas de dónde se hicieron y en qué condiciones", apunta González. "Somos la punta del iceberg. Es un trabajo arduo pero la idea es que tenga éxito y se replique, hasta lograr cambiar el funcionamiento de la industria textil."
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