El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Fundación Pro Tejer acordaron impulsar juntos un sistema de etiquetas de trazabilidad social, como el que se usa en los Estados Unidos y en Europa, para combatir la informalidad y la violación sistemática de leyes laborales en los talleres de confección de indumentaria.
La propuesta, que también llegó días atrás a la Secretaría de Industria, procura hacer masiva la experiencia de la marca Ombú, propiedad de la brasileña Alpargatas, que recibirá el mes próximo una certificación gubernamental por garantizar el cumplimiento de la legislación laboral por parte de todos sus proveedores.
La idea recién está en etapa de debate, pero podría acelerar su implementación ante el avance de las investigaciones judiciales contra marcas como Kosiuko, Cheeky, Montagne y Lacar, entre otras, denunciadas por contar con talleres clandestinos entre los que confeccionan sus prendas mediante contratos de tercerización. El mecanismo apunta a generar conciencia entre los compradores sobre el origen de la ropa que usan, pero también a fijar incentivos económicos para no encarecer los productos.
Aunque el INTI viene trabajando en mecanismos para combatir el trabajo esclavo en los talleres desde el 2006, cuando estallaron los primeros escándalos por las condiciones inhumanas a las que se ven sometidos sus trabajadores, la propuesta de Pro Tejer es la primera que surge desde el ámbito empresarial. La fundación agrupa a empresas de toda la cadena textil, incluyendo a dueños de marcas de ropa denunciados por encargar sus colecciones a talleres clandestinos. Por eso entusiasmó a la directora del Departamento Textil del INTI, Patricia Marino, quien adelantó a BAE que la llevará a otras áreas del Gobierno para que también la tomen como propia. La Asociación Obrera Textil (AOT) también apoya el sistema.
Pero también el del Ministerio de Defensa, que empezó a exigir a sus proveedores de ropa para las fuerzas armadas que cumplan con todas las condiciones legales. Y a cuatro años de implementado ese plan hay un abastecimiento adecuado y las prendas que compra Defensa son más baratas que las que compra el Ministerio de Seguridad", dijo Marino.
El referente de la agrupación La Alameda, Gustavo Vera, recordó ante BAE que el plan de Defensa se implementó “después de que la Justicia allanara un taller clandestino en Ramón Falcón 3175, en el barrio de Flores, que hacía ropa para Gendarmería con trabajadores contratados ilegalmente y reducidos a servidumbre”. Por esa causa fueron procesados tres ciudadanos coreanos.
Según el director ejecutivo de Pro Tejer, Mariano Kestelboim, la iniciativa no debería encarecer la ropa debido a que con la formalización de su personal, los talleres ganarían productividad, escala y tecnificación.
“Los talleres no son competitivos porque usan máquinas viejas, no acceden al crédito, emplean trabajadores golondrina que no se perfeccionan y encima son chicos y muchas veces terminan pagando el doble o el triple por la tela que usan”, argumentó.
La ley 12.713 (de trabajo a domicilio) data de 1941 y establece en su artículo 8º que toda prenda fabricada en el país bajo esa modalidad debe incluir una etiqueta con la identificación del taller donde se hizo. “Esa ley no se cumple porque nadie la hizo cumplir hasta ahora, pero puede servir como sustento legal para esta iniciativa”, subrayó Marino. Los empresarios de Pro Tejer proponen que el uso de las etiquetas siga siendo optativo por un tiempo, y que luego se pueda sancionar a las marcas que no contraten talleres registrados.
Fuente: Buenos Aires Económico
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